El pasado 13 de enero, de nuevo, la movilización popular no violenta conseguía detener el desahucio de la vivienda de alquiler en la que residen Yolanda y Amine (y sus dos hijos) en el barrio de las Delicias consiguiendo un aplazamiento de un mes.
El primer desahucio paralizado por las plataformas en 2021 en Aragón puso de manifiesto:
- Que Gobierno de Aragón continúa sin cumplir la norma aragonesa (Ley 10/16) que garantiza la alternativa habitacional para todas las familias vulnerables residentes en Aragón en caso de pérdida de la vivienda habitual.. Y lo hace de forma consciente y sistemática.
- La insuficiencia del último Decreto del Gobierno de España, que se anuncio por enésima vez como una «prohibición de los desahucios». Es evidente que el Decreto deja «gente atrás», precisamente la más vulnerable.
Más desahucios. El próximo el 20 de enero en Actur.
El próximo 20 de enero llegará el desahucio de Yolanda, José Miguel, sus dos hijos y su nieto. Un desahucio en vivienda pública (municipal) por motivos económicos que demuestra que la guerra de Jorge Azcón a la vivienda social necesita desahucios para aligerar el número de inquilinos ante la voladura (y extinción paulatina) del programa de captación de vivienda conocido como «Alegra tu vivienda» (más de 400 viviendas sociales). Es necesario recordar que la Ley 10/16 prohíbe expresamente los desahucios por motivos económicos en vivienda pública.
Y cinco días después (25 de enero) en La Almozara, de nuevo un desahucio de alquiler sin alternativa habitacional. Rocío y sus dos hijos menores de edad no tienen alternativa alguna. Hasta ahora las administraciones públicas aragonesas no han dado solución y no tienen donde ir.
El 1 de febrero llegará el cuarto intento de desahucio de la vivienda de Ruth y José en Las Fuentes. La movilización paralizó dos intentos (el primero en 2018) y el último intento tuvo que ser suspendido por motivos médicos. En todo este tiempo no ha existido contacto alguno de Gobierno de Aragón para garantizar alternativa habitacional escudándose en una «renuncia» a la propuesta de desplazamiento forzoso fuera de Zaragoza (¡En 2018, como si no hubiera llovido desde entonces!). Recordamos que Ibercaja después de ejecutarles la hipoteca, les ofreció un alquiler (que tampoco pudieron pagar) y finalmente vendió la casa con ellos dentro (en plena pandemia) a un pequeño especulador.
Y cerramos el tercer «Calendario de la vergüenza» con el desahucio de Hanane y su familia de su vivienda de alquiler particular. Un caso como muchos otros por finalización de contrato e imposibilidad de acceder a uno nuevo en el mercado. De nuevo deberían de ser las administraciones públicas aragonesas la que garantizarán la alternativa habitacional.
Gobierno y Cortes de Aragón sordos ante el sufrimiento que provocan los desahucios sin alternativa habitacional.
En diciembre asociaciones, plataformas, entidades o colegios profesionales reclamaban al Gobierno de Aragón el cumplimiento inmediato de la Ley 10/16. Y la Coordinadora de Vivienda de Aragón animó a los grupos de Las Cortes de Aragón para que alcanzaran un acuerdo -paralelo al presupuestario- para que así fuera. No ha pasado ni el primer mes y nos encontramos con las mismas situaciones que desde que se levantó el confinamiento domiciliario en junio de 2020.
Por ello. la Coordinadora reanudará en las próximas semanas su campaña «Aragón sin desahucios» con nuevas acciones e iniciativas, a la par que organiza la paralización de los desahucios de las familias organizadas en las plataformas aragonesas.