Ahmad, Bayan y su hijo de 6 años, refugiados sirios en nuestra ciudad, son una de las 40 familias que el pasado 30 de octubre presentaron solicitud de alquiler social en cumplimiento de la ley 10/2016 el pasado 30 de octubre a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón. En ella dejaban claro que su desahucio, por no poder hacer frente al pago del alquiler, será el próximo 10 de diciembre. Cuatro días después de esta solicitud el Consejero Soro, tras una reunión con la Coordinadora de Vivienda, hacia declaraciones públicas en las que se comprometía a “asumir el compromiso de seguir cumpliendo la ley de medidas de emergencia en la que se recoge que los poderes públicos proveerán de una alternativa habitacional a las personas de buena fe y en situación de vulnerabilidad que se vean privadas de una vivienda” También se dijo en esa reunión que estaban estudiando las solicitudes presentadas.
Ahmad y su familia llegaron a nuestro país hace 3 años como refugiados con dos hijos, uno de ellos enfermo del corazón, razón por la que fueron elegidos para viajar a España huyendo de la guerra, donde podrían tratar la enfermedad de su hijo y la promesa de una buena vida. Pero la realidad es que una vez una vez terminado el tiempo del “programa de refugiados” se encontraron en situación de desempleo, cobrando una prestación social pequeña, el hijo enfermo fallecido y sin poder pagar el alquiler de su vivienda al no contar con el apoyo del gobierno que los trajo aquí.
Esta familia ha sufrido en primera persona el laberinto burocrático que supone tratar de acceder a una vivienda de alquiler social al enfrentarse, con las dificultades añadidas por la situación de la pandemia, primero a los problemas de no tener un abogado en el procedimiento judicial de desahucio por no poder pagar el alquiler, lo que hace difícil presentarse en los juzgados, después a los plazos puestos por el Gobierno de Aragón para solicitar a través del convenio con el IASS y el Poder Judicial una solución habitacional antes del desahucio, recibiendo por respuesta que no había tiempo de valorar la especial vulnerabilidad en la que sin ninguna duda se encuentran, lo que los dejaba de nuevo en la casilla de salida, y finalmente al silencio de la Dirección General de Vivienda a su solicitud.
La Coordinadora de Vivienda de Aragón siente hartazgo de promesas y declaraciones incumplidas. Por ello convocamos una concentración ante el Gobierno de Aragón el miércoles 9 de diciembre (a las 11 am) para exigir al Consejero Soro que cumpla con el compromiso asumido y dé solución a esta familia que de lo contrario el próximo jueves se verá en la calle sin una solución.