Ayer, 29 de junio, decenas de familias organizadas en las plataformas de vivienda aragonesas reclamaron por registro el cumplimiento del derecho a la alternativa habitacional. Derecho reconocido desde 2016 en Aragón y que se ve reforzado por el Decreto (temporal) del Gobierno de España.
Ya es la segunda vez que decenas de familias reclaman de forma oficial (la anterior fue en octubre de 2020) que se termine con la vulneración de sus derechos y de las normas que los protegen.
En total las plataformas aragonesas denuncian que al menos 44 familias vulnerables organizadas tienen fecha señalada de desahucio, o lo tienen aplazado por el «Decreto estatal» o por otras vías a la espera de alternativa habitacional.
Si se continúa sin garantizar la alternativa habitacional, la inmensa mayoría de las 44 familias terminarán sin vivienda en los próximos meses.
La paralización o aplazamiento de los desahucios, debería de ir unida a la alternativa habitacional (tanto desde la mediación con la propiedad, como facilitando viviendas para el realojo). Ni una cosa ni otra, suceden en Aragón ante la pasividad manifiesta de Gobierno de Aragón.
Y reiteramos que Aragón dispone de normas propias, medios y competencias en materia de vivienda para garantizar este derecho a la alternativa habitacional (que significa respetar los Derechos Humanos). Igual que podría reglamentar la cesión obligatoria de los pisos vacíos en manos del sector financiero establecido en el artículo 24 de la conocida como «Ley 10/16», pero desde su aprobación (en 2016) sigue pendiente de reglamentación.
En estos momentos la protección establecida por el «decreto estatal» es como denuncian las plataformas temporal y está por ver como si se extiende más allá de agosto y en que forma. Mientras la Ley Estatal de vivienda se retrasa y existen dudas razonables de que cumpla con los principales objetivos del movimiento de vivienda.
Queremos recordar que fue necesaria una gran presión de las plataformas para que el Decreto finalmente tuviera la redacción adoptada en enero de 2021 que da pie a la protección de cualquiera de las situaciones de desahucios de familias vulnerables. Pero esta protección queda «coja» cuando se suspenden los desahucios pero no se garantizan soluciones o alternativa habitacional por parte las Comunidades Autónomas que tienen dicha competencia.
Esta inacción, mantiene a las familias en una terrible incertidumbre y abre paso a que cada una de las situaciones termine finalmente en un desahucio y en la exclusión residencial.
Por ello las familias han decidido, acompañadas de la Coordinadora de Vivienda de Aragón, reclamar por registro (de nuevo) el cumplimiento de las normas aragonesas y estatales que protegen sus derechos.