Estas ayudas no van al fondo del problema, y mantienen de manera artificial, asegurando las rentas a los propietarios, unos precios claramente inflados por la burbuja especulativa en el alquiler que sufrimos desde hace casi una década.
El 7 de julio se publicaron unas nuevas ayudas para inquilinas e inquilinos que tienen dificultades para hacer frente a su alquiler a causa de la crisis económica que sufrimos a causa de la pandemia. Estas ayudas son similares a las que se publicaron el verano pasado, y que pese a ser necesarias ya señalamos en su día sus notables carencias.
Pese al estrepitoso fracaso de las ayudas del año pasado, el cual ha sido reconocido tanto la propia Directora General y el Consejero de Vivienda, Verónica Villagrasa y el Consejero de Vivienda José Luis Soro, lejos de corregir los errores vemos que estos se repiten lo que, lamentablemente, hace prever que las consecuencias serán las mismas: que la gente que las necesita encuentre no pueda acceder a ellas por las trabas burocráticas que se imponen; mostrando de nuevo su limitada capacidad para aplicar políticas de vivienda útiles para las arrendatarias y arrendatarios.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza seguimos opinando que este tipo de ayudas sirven para salvar momentáneamente, y por unos pocos meses, la gran dificultad que supone para muchas inquilinas e inquilinos hacer frente a los precios del alquiler actuales. Estas ayudas no van al fondo del problema, y mantienen de manera artificial, asegurando las rentas a los propietarios, unos precios claramente inflados por la burbuja especulativa en el alquiler que sufrimos desde hace casi una década.
Ante ello, reiteramos que la regulación de los precios del alquiler sería la medida a corto plazo más efectiva para atajar el problema de las familias ante el pago de la renta del alquiler, y que haría que este tipo de ayudas fueran mucho menos necesarias. Por ello, exigimos al Gobierno central que materialice la regulación del alquiler, cumpliendo así su propio acuerdo de gobierno, y al Gobierno de Aragón que muestre voluntad por incorporar esa herramienta a nuestro territorio, así como que cumpla con la normativa ya vigente, facilitando alternativa habitacional a las familias en vulnerabilidad que se enfrentan a un desahucio, para quienes estas ayudas no han sido suficientes o llegan demasiado tarde.
No podemos olvidar la avalancha de desahucios que se cierne sobre las clases populares cuando finalice el verano, ante la cual la actitud del Gobierno autonómico es de total pasividad. Por esto, es la hora de organizarnos para pelear por algo tan básico como el derecho a la vivienda.