La campaña pública el nuevo “Calendario de la vergüenza” con citas hasta enero de 2021.
La acción de la campaña y las plataformas aplazan o logran solución en todos los desahucios del anterior “Calendario de la vergüenza”.
Se desconvoca la paralización del desahucio de Salvador y Cristina. El lunes, 24 horas antes del desahucio, firmarán un contrato de alquiler social.
Ruth y José enfrentarán el próximo 26 de noviembre, el segundo intento de desahucio en Las Fuentes. Se interpone recurso de última hora en el juzgado.
Comunicado Coordinadora de Vivienda de Aragón.
21 de noviembre de 2020
El pasado mes de octubre, la Coordinadora de Vivienda de Aragón, se vio obligada a difundir el “Calendario de la vergüenza” para poner nombres y apellidos al aumento de los desahucios sin alternativa habitacional desde que en junio pasado se reactivarán los juzgados (una vez terminado el “confinamiento domiciliario”).
Y lo hicimos ya que las administraciones públicas, una vez más, no han cumplido con la primera de sus obligaciones: el respeto de los Derechos Humanos. Y no cumplen en medio de una pandemia fuera de control por ahora y con una emergencia social paralela sin parangón. En reiteradas ocasiones organismos internacionales han llamado la atención a las instituciones españolas para que detengan los desahucios sin alternativa habitacional, que son por su naturaleza violenta y antisocial una vulneración grave de los Derechos Humanos. También de los de la infancia. Los desalojos forzosos son sufrimiento e incertidumbre, son exclusión residencial y en estos momentos además un atentado a la salud pública.
El “Calendario de la vergüenza”, en el que figuran familias organizadas en las plataformas es la punta del iceberg de un cataclismo social que no se puede esconder. Es especialmente doloroso comprobar cómo quienes tienen responsabilidades de Gobierno se hacen los sorprendidos e incluso intentan negar la realidad a golpe de “titular”. Ni se han “prohibido” los desahucios, ni se garantiza la alternativa habitacional.
Frente a la inacción de las administraciones públicas. La organización y la movilización son la clave.
El primer “Calendario” comprendía 5 situaciones inminentes de desahucio de familias vulnerables que afectaban a 28 personas, entre ellas muchos niños, niñas y personas dependientes. Y hoy podemos decir con orgullo que las 5 han sido aplazadas o solventadas por la organización colectiva a través de la movilización y las acciones desprendidas de la asesoría colectiva ejercida en las asambleas de las plataformas (en colaboración con los abogadas y abogados del turno de oficio).
Hasta ayer (20 de noviembre) solo quedaba enfrentar el desahucio de Salva, Cristina y sus cinco hijos, previsto para el 24 de noviembre en La Almozara. La vivienda de SAREB formó parte del convenio ruinoso del “banco malo” con el Gobierno de Aragón (entonces con Rudi). El siguiente Gobierno con buen criterio suspendió el convenio, con el compromiso público (finales de 2015) de dar solución a las familias que ocupaban algunas de las viviendas cedidas por SAREB. Entre ellas estaban Salva y Cristina, que enfrentaban el desahucio del “banco malo” sin que Gobierno de Aragón le garantizara una alternativa habitacional.
Salva y Cristina firmarán el lunes contrato de alquiler social.
Ayer la familia (cuando solo quedaban cuatro días y ya estaba convocada la paralización de su desahucio) conoció que después de un inexplicable maltrato institucional (innecesario e ineficaz) les garantizaban una alternativa habitacional. Como viene siendo habitual con desplazamiento forzoso fuera de Zaragoza, en este caso en una localidad relativamente cercana. Salva y Cristina firmarán el lunes (con menos de 24 horas del momento en el que irrumpirá la Comisión Judicial) un contrato de alquiler social.
Aunque denunciamos con rotundidad los desplazamientos de población vulnerable de sus lugares de arraigo, tanto la familia como la campaña nos felicitamos de la solución. Máxime en una familia que ocupaba una vivienda vacía del SAREB, lo que pone de forma manifiesta que Gobierno de Aragón cuando quiere o se siente presionado cumple con el punto 19.2 de las Ley 10/16 que protege este tipo de situaciones -obligando la dotación de alternativa a las administraciones públicas aragonesas-. La misma situación de Salva y Cristina, es la de Esperanza (con tres hijos) que ocupa una vivienda de SAREB y aunque tiene un situación desesperada no le dieron alternativa habitacional pese a lo sonado que fue su desahucio en julio (que necesitó dos intentos para materializarse por la movilización social). Pero incluso más allá de la legislación, insistimos: las administraciones públicas no deberían nunca por acción u omisión permitir vulneraciones graves de los Derechos Humanos.
Ruth y José, de nuevo con fecha de desahucio para el 26 de noviembre.
El pasado 11 de noviembre una importante movilización paralizó el desahucio de la familia. La paralización supuso una importante llamada de atención en todas las direcciones dejando en evidencia dos cosas: la incapacidad de las instituciones y la fortaleza del movimiento por el derecho a la vivienda.
Celebramos la victoria de nuestros métodos de desobediencia civil pacífica frente a la violencia de la maquinaria institucional. Pero ya lo avisamos, era un aplazamiento y que era necesario una solución definitiva. La pelota estaba en el tejado de Ibercaja y del Gobierno de Aragón. Ningún movimiento desde entonces. Recordamos que el piso en el que viven desde hace muchos años fue ejecutado por Ibercaja y después de un tortuoso proceso para la familia, terminó vendiendo la vivienda a un pequeño especulador (lo que hemos denominado un “buitre de barrio”). Y recordamos que Ibercaja tenía un acuerdo con la familia que ha pisoteado con este comportamiento de auténtica piratería.
Así hacemos un llamamiento para movilizarnos de nuevo el próximo jueves, 26 de noviembre, a las 8.30 de la mañana en la calle Monasterio de Solesmes del zaragozano barrio de Las Fuentes. En paralelo la familia ha presentado un recurso ante el juzgado, por más que justificados motivos de salud pública, para que aplace el desalojo forzoso. Lo venimos denunciando desde marzo, que en plena pandemia se produzcan desahucios es un atentado a la lucha contra los contagios y contrario a cualquier medida de prevención o necesidad de aislamiento.
Actualización del “Calendario de la vergüenza”
El “Calendario” está conformado por desahucios de familias organizadas en las plataformas afectadas por desahucios durante las próximas semanas (desde finales noviembre de 2020 a enero de 2021). Es necesario advertir que el mismo, por desgracia, tendrá que ser actualizado en los próximos días con nuevas citas. Recordamos, también, que este calendario es la punta del iceberg de un fenómeno que afecta a miles de familias aragonesas. (ver en PDF)
Desahucio señalado el 26 de noviembre de 2020. ¡2º intento!
Ruth, José y sus 2 hijas
Ibercaja vende su piso -en el que residían de alquiler después de una ejecución hipotecaria- a un pequeño especulador en plena pandemia incumpliendo el acuerdo alcanzado con la familia. Es el segundo intento después de la paralización del desahucio por la movilización el 11 de noviembre.
En Las Fuentes.
Desahucio señalado el 10 de diciembre de 2020 .
Ahmad y su familia (incluye menor de 2 años).
Familia refugiada siria. Una vez acabado el programa de refugiados no pueden asumir gastos de casa (590€ más suministros) y tardan en recibir el IAI. Como por motivos de desconocimiento (habitual) no pidieron abogado de oficio, hoy meses después del inicio del procedimiento continúan sin tutela judicial efectiva.
En San José.
Desahucio señalado el 13 de enero de 2021.
Hanna
Hanna vive sola, es afectada de cáncer y tiene secuelas. Percibe un I.A.I de 300 € y no puede continuar con la renta de alquiler. Ha agotado ayudas sociales para intentar paliar impago. El Gobierno de Aragón debe de garantizar una alternativa habitacional para Hanna.
En Las Delicias.
Desahucio señalado el 20 de enero de 2021
Yolanda, José Miguel, 2 hijos y un nieto.
Desahucio en vivienda municipal de Zaragoza Vivienda. Lanzamiento solicitado por motivos económicos. El gerente de la sociedad municipal rechazó el pasado 20 de noviembre reunirse con la afectada, otras familias y las plataformas. El de Yolanda es el primero de muchos que provocará el cambio en la gestión social y la subida de precios en las rentas que ya está produciendo en renovaciones y nuevos contratos.
En Actur