El nuevo Decreto del Gobierno PSOE-Podemos es insuficiente para solventar la emergencia habitacional. Partiendo de la base de que son medidas básicas en lo que refiere a la cuestión de la vivienda y de que excluyen a gran parte de la población afectada, también tienen un carácter temporal y, para esta paralización temporal de algunos de los desahucios, se darán compensaciones a grandes tenedores de vivienda.
Tras varios días de espera, ya tenemos nuevo Real Decreto sobre la vivienda. Después de su lectura corroboramos la insuficiencia que ya nos esperábamos. Si bien es cierto que se ha aprobado la prohibición de los desahucios de alquiler por impago y/o finalización de contrato; la prohibición del corte de suministros (con muchos peros y sin la existencia de condonación de deuda anterior); la extensión de la ley a las personas cuya vulnerabilidad sea anterior a la pandemia; etc., nos sigue pareciendo insuficiente.
La primera de las razones es el carácter temporal del Decreto. La vivienda sigue siendo un problema estructural y estas medidas, a pesar de ser escasas, tienen fecha de caducidad: el 9 de mayo, día de finalización del Estado de alarma.
Otro argumento es la no cobertura a las familias vulnerables que, frente al abandono administrativo e institucional, se han visto obligadas a una situación de ocupación forzosa, cuyos procedimientos van por vía penal (muy utilizada por entidades como Sareb), ya que el Decreto se centra en procedimientos civiles, y con limitaciones (como la composición de la unidad familiar). Por lo tanto, aquellos cuyo procedimiento sea vía civil por precario u ocupación y no tienen menores o dependientes a su cargo, ni son víctimas de violencia de género, etc. tampoco tendrían la posibilidad de paralizar su desahucio. Ni qué decir tiene que el Gobierno deja a un lado a colectivos históricamente olvidados, como las personas sin hogar.
Por supuesto, tampoco podemos descuidar de nuestro breve análisis una medida “estrella”: las compensaciones a grandes propietarios por la paralización de desahucios. Los bancos, fondos buitre y socimis seguirán ganando dinero a costa de la desgracia ajena, de la desgracia de la clase trabajadora, pues, además, esto se traducirá en forma de recortes en los servicios públicos, como ya ha ocurrido anteriormente.
Por otro lado, para las personas que cumplan los requisitos, se solicitará desde el juzgado a los servicios sociales un informe de vulnerabilidad, para poder obtener una resolución de paralización en 10 o 15 días (dependiendo del caso). En primer lugar, nos resulta difícil creer que se van a resolver en tan poco tiempo los informes de vulnerabilidad, por no hablar de cómo se va a dar solución habitacional cuando, además, para esto último se propone el nuevo programa del plan estatal de vivienda, que aún no existe. Por ello nos tememos que, en lo que a nuestra comunidad se refiere, el Gobierno de Aragón va a seguir con la misma dejación de funciones habitual hasta la fecha.
En segundo lugar, en todo caso será la autoridad judicial quien determine si finalmente se suspende el lanzamiento atendiendo a los diferentes criterios además de la vulnerabilidad. Y, si existe vulnerabilidad del propietario, esta prevalecerá sobre la del inquilino y el desahucio seguirá adelante, tenga alternativa habitacional o no.
Como muestra de todo ello observamos que, el mismo día que se anuncia a bombo y platillo el fin de los desahucios de familias vulnerables, a nuestra compañera Desiré le llegó una citación para que se presente el día 15 de enero en el Juzgado, pague la multa y en el plazo de 10 días abandone la vivienda en la que se encuentra con su hija de 2 años. Su situación de vulnerabilidad extrema, al encontrarse sin trabajo, con una hija y un IMV de 500 € más 200 € de pensión de alimentos, le empujó a entrar en su actual vivienda, propiedad del Sareb, al no encontrar nadie que le hiciera un alquiler. El Decreto a Desiré no le sirve de nada, ya que su procedimiento es Penal, como la mayoría de los que interpone la Sareb.
El caso de Desiré solo es uno más de otros muchos en la misma situación a los que este decreto no da respuesta. Por tanto, a la campaña Aragón sin Desahucios le queda mucho recorrido. Si los desahucios, la sobre-explotación laboral y el paro no se acaban, la lucha por una vivienda digna, tampoco.