Esperanza y sus tres hijos continúan en una situación de extrema vulnerabilidad después del desahucio por parte de SAREB de su vivienda el pasado mes de julio de 2020. El desahucio llegó después de un primer intento paralizado por la movilización popular, en una curiosa actuación judicial que estableció una horquilla para proceder al desalojo por la fuerza de la familia.
Sin respuesta de Gobierno de Aragón, que miró hacia otro lado y decidió saltarse la protección establecida en el punto 19.2 de la vigente «Ley 10/16». Y con los servicios municipales que atendían la emergencia habitacional desmantelados, la familia se quedó sin opciones. Como muchas otras unidades familiares (todas las que dependen de prestaciones), la de Esperanza no cumple los requisitos para acceder a una vivienda de alquiler privado.
Desde el desahucio de julio, reside en una vivienda también ocupada en el mismo bloque en el que ya habitaba que está pendiente de ejecución de desalojo. Mientras continúa esperando que las administraciones públicas aragonesas cumplan con sus obligaciones con el respeto a los Derechos Humanos, llegan noticias sobre la venta inminente del inmueble.
Corte de la acometida del edificio.
Hoy 6 de abril de 2021 por la mañana, Stop Desahucios Zaragoza ha denunciado que Endesa ha procedido al corte del suministro eléctrico al edificio (situado en Torrero) desde la acometida. Y lo hace con conocimiento de la presencia en el inmueble de menores de edad. La operación ha contado con presencia de unidades de la Policía Nacional que ha permitido el incumplimiento del Decreto 37/2020.
Desde la Coordinadora de Vivienda de Aragón denunciamos el terrible acoso contra las familias vulnerables ejercidas por SAREB con la connivencia de ENDESA. Cortar los suministros esenciales, como lo es el eléctrico, supone una grave vulneración de los Derechos Humanos.
Como decíamos, esta práctica contraviene el Decreto 37/2020 que prohíbe los cortes de suministros de familias vulnerables incluso ante la ausencia de contrato. Creemos que los poderes públicos deberían de actuar con firmeza contra quiénes no respetan esta garantía, que en nuestra opinión se debería de extender se forma indefinida mientras dure la situación de emergencia social.
¿Como puede el estado amparar con presencia policial la vulneración de sus propias normas con perjuicio grave para familias vulnerables con menores?
También queremos recordar que Gobierno de Aragón conoce de primera mano la situación de la familia de Esperanza. Esperanza incluso ha participado en reuniones con Verónica Villagrasa (directora general de vivienda) que en vivo y en directo le trasladó su intención de no cumplir con su obligación legal de dotarle de alternativa habitacional.
Ni desahucios sin alternativa habitacional, ni cortes de suministros.
