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Familias vulnerables exigen alternativa habitacional al Gobierno de Aragón

La Coordinadora de Vivienda de Aragón quiere denunciar el incumplimiento sistemático del derecho a la alternativa habitacional por parte de la administración aragonesa. Tanto las normas aprobadas en Aragón (Ley 10/16), como el decreto estatal (Real Decreto-ley 11/2020) puesto en marcha desde el estallido de la pandemia, reconocen el derecho de las familias vulnerables a una alternativa frente a la pérdida de vivienda habitual en desalojos forzosos (judiciales).

La realidad es que aunque el Decreto del Gobierno de España ha tenido una importante incidencia en el aplazamiento de los desahucios (sobre todo a partir de las modificaciones introducidas en enero en el mismo), Gobierno de Aragón no está haciendo todo lo que está en su mano para garantizar la alternativa habitacional.

Las familias con los desahucios aplazados en los juzgados por el Decreto o por otros motivos, se encuentran en estos momentos sin respuesta de Gobierno de Aragón que no ha tomado medida alguna para dotar de alternativa habitacional. Recordamos que los desahucios sin alternativa habitacional son una grave vulneración de los Derechos Humanos, como reconocen organismos y entidades internacionales.

Es como si para Pepe Soro (Consejero de Vivienda) o Javier Lambán (Presidente de Aragón) la atención a la emergencia habitacional no merezca ni atención, ni recursos. Una actitud irresponsable e imperdonable en el actual contexto que pagan cientos de familias aragonesas enfrentando situaciones violentas y desgraciadamente evitables con las normas vigentes.

Más de 40 familias de las plataformas aragonesas se encuentran en esta situación. Con desahucios aplazados por el Decreto o señalados para el otoño y sin señal alguna de Gobierno de Aragón que parece incumplir de forma consciente sus propias normas.

Por ello familias y plataformas reclamaremos por registro el cumplimiento inmediato del derecho a la alternativa habitacional. Y lo hacemos antes de que el decreto estatal pueda no prorrogarse o modificarse “a la baja” (su validez actual es hasta agosto de este mismo año). Si llega ese momento y Gobierno de Aragón continúa haciendo la política del avestruz en materia de vivienda viviremos un tsunami de desahucios sin alternativa habitacional.

A lo largo de los próximos días las plataformas aragonesas, a través de la campaña ya permanente “Aragón Sin Desahucios”, pondrán luz, nombre y rostro a cada una de las situaciones. Trasladando así a la sociedad aragonesa la necesidad de no permitir más vulneraciones de los Derechos Humanos.