Entidades, federaciones y organizaciones que representan a más de 150 asociaciones aragonesas han hecho pública su adhesión al manifiesto «Garantizar el derecho a una vivienda digna». Lo hacen alertadas por las vulneraciones de los Derechos Humanos en materia de vivienda producidas en Aragón desde el levantamiento del confinamiento domiciliario en junio de 2020. Vulneraciones que se producen en el marco de una situación de emergencia sanitaria y una profunda crisis económica. Señalan, además, la dificultad de acceso a la vivienda de amplias capas de la población aragonesa, así como las dificultades crecientes para mantener un hogar de forma estable.
El manifiesto denuncia «…la reiterada inacción de las administraciones públicas aragonesas para aplicar normas y herramientas que están a su alcance para evitar desalojos forzosos, aumentar el parque público y garantizar el derecho a la vivienda.»
Las entidades y organizaciones adheridas al manifiesto muestran su apoyo a la campaña #AragónSinDesahucios, lanzada por la Coordinadora de Vivienda de Aragón, «para que las administraciones públicas cumplan de manera efectiva la legalidad vigente y no permitan que haya ningún desahucio sin alternativa habitacional, se regulen los precios del alquiler, y se aumente el parque de vivienda pública mediante la cesión obligatoria de uso de los pisos vacíos en manos del sector financiero.»
En concordancia con lo anterior exigen «al Gobierno de Aragón que aplique y desarrolle las normas ya vigentes (Ley 10/2016 y OM de 11 de abril de 2020), e incorpore aquellas medidas legislativas que permitan actuar para abordarlo.»
El manifiesto «Garantizar el derecho a una vivienda digna» seguirá sumando adhesiones durante las próximas semanas y se realizarán distintas acciones de difusión.
La Coordinadora de Vivienda de Aragón cree que ha llegado el momento para que los grupos con representación en las Cortes de Aragón incluyan el respeto de la alternativa habitacional de todas las familias vulnerables como una condición ineludible para sacar adelante unos presupuestos de la Comunidad Autónoma que signifiquen de forma honesta «que nadie se queda atrás».
Es tiempo de actuar y cumplir con los Derechos Humanos, no hay excusa posible.