Gobierno de Aragón niega la alternativa habitacional y el juzgado volverá a señalar fecha dentro de un mes.
Hoy viernes, 18 de septiembre, estaba previsto a las 9.15 el desahucio de Alicia de 77 años y su familia de la vivienda que habitan en Lumpiaque. La vivienda es propiedad de Caixabank aunque esta última ya la ha vendido para su destino a la especulación inmobiliaria (ya que ha crecido la demanda de vivienda en la zona).
Ya en julio se paralizó (mediante recurso) un primer intento de desalojo forzoso de esta unidad familiar compuesta por cuatro mujeres (una de ellas menor de edad). El recurso aceptado por el Juzgado pedía la aplicación del punto 19.2 de la Ley 10/16 que protege este tipo de situaciones (no disposición de título de propiedad o contrato de alquiler) y obliga a las administraciones públicas aragonesas a la dotación de alternativa habitacional.
La respuesta del Gobierno de Aragón, al requerimiento del Juzgado de aplicación de la 10/16, fue etiquetar como de “mala fe” la actuación de la familia y dejarla desamparada pese a su evidente vulnerabilidad y “buena fe”. No presuponer la “buena fe” de las familias vulnerables y realizar la interpretación más retrógrada de este principio jurídico, supone de facto algo increíble: Gobierno de Aragón no solo no ejecuta sus propias normas, se dedica a desvirtuarlas para justificar las vulneraciones de los Derechos Humanos (así son reconocidos por la ONU los desahucios sin alternativa habitacional).
Así hoy, de nuevo, Alicia y su familia esperaban asustadas el desalojo sin alternativa, ni solución. En un día lluvioso, la presencia de activistas de la campaña #AragónSinDesahucios, vecinos y familiares agolpados en la puerta de la vivienda consiguió paralizar de forma temporal el desahucio, después de dialogar con la Comisión Judicial y la representación legal de la otra parte. El plazo comunicado por el Juzgado para un nuevo lanzamiento es un mes.
Como ocurrió con Esperanza y sus tres hijos, desalojados sin alternativa habitacional el pasado 7 de julio, Gobierno de Aragón declara de “mala fe” a las familias sin contrato de alquiler o título de propiedad (ocupaciones, precarios…) dejando precisamente a las familias más vulnerables sin ningún tipo de protección a expensas del sector financiero y los especuladores. Además, en las pocas ocasiones en las que decide realojar lo hace mediante “traslados forzosos” a otras localidades, una ruptura de arraigo que muchas familias no aceptan, provocando rechazos administrativos y situaciones enormemente precarias como las de Husein y su familia, o las de Ruth y de José (que esperan desahucio para el próximo mes).
La recién creada Coordinadora de Vivienda para impulsar la campaña #AragónSinDesahucios (que se presentó esta misma semana) ha realizado su trabajo evitando una nueva vulneración de los Derechos Humanos. ¿Cumplirá de una vez Gobierno de Aragón con sus normas y competencias?