Tras más de un año de suplicio después del primer intento de desahucio del 13 de enero de 2021, paralizado gracias a la movilización popular, de nuevo una familia organizada en un colectivo de vivienda, en este caso el Sindicato de Inquilinas, logra gracias a la presión y al trabajo colectivo aplazar nuevamente su fecha de desahucio en el juzgado. Ahora está en el tejado de la Dirección General de Vivienda proveer la alternativa habitacional que el Decreto Antidesahucios obliga a garantizar a las administraciones competentes. Esperamos una respuesta rápida, pero no pararemos hasta que Yolanda firme un contrato de alquiler social.
Se revela nuevamente que el Decreto Antidesahucios es un parche de emergencia necesario, pero por sí solo es insuficiente para solucionar el gran problema de acceso a una vivienda digna por parte de las clases populares.
De nuevo demostramos que solo con la movilización, la organización y la presión de la sociedad organizada se consiguen forzar soluciones, aunque sea con un esfuerzo titánico, pero hasta el momento y tras un año, el Gobierno de Aragón aun no ha sido capaz de cumplir la Ley aragonesa 10/2016 y el RDL 11/2020 (Decreto Antidesahucios), abandonando en la incertidumbre a la familia de Yolanda hasta el momento actual, en el que seguimos a la espera.
Con alegría contenida por el aplazamiento, agradecemos a todos los colectivos y personas que han estado pendientes del desahucio de Yolanda y su familia, y esperamos poder comunicaros en las próximas fechas que hemos conseguido también hacer cumplir el Decreto Antidesahucios y la Ley aragonesa, y que nuestras compañeras tienen una alternativa habitacional digna.