La SAREB, sostenida con fondos públicos para «sanear activos financieros», continúa con su política antisocial.
Ayer llegaba la noticia. La policía se personaba en el domicilio de Esperanza y su familia para informarles que el próximo lunes (25 de octubre) serán desalojados por la fuerza. Sin alternativa habitacional, ni tan siquiera la oportunidad de personarse en el procedimiento ya que se ejecuta el desahucio contra otra familia que residió con anterioridad en el inmueble del bloque abandonado por SAREB en el zaragozano barrio de Torrero.
Dos intentos de desahucio (uno realizado), corte de energía, maltrato institucional, cero alternativas… La actitud de SAREB, así como la complicidad de las administraciones públicas y poderes del estado, tiñe de vergüenza a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad.
Desde la campaña «Aragón sin desahucios» convocamos a los vecinos y las vecinas de Zaragoza para que acudan el próximo lunes, a las 9 de la mañana, a la calle Orense. Hay que poner fin al infierno que vive la familia de Esperanza. Esta mujer zaragozana está demostrando tener 1.000 veces más dignidad que todos aquellos y todas aquellas que han intervenido en este desenlace.
#EsperanzaSeQueda
Lunes, 25 de octubre. 9 am
Calle Orense, 18. Torrero (Zaragoza)
Compartimos (abajo) el comunicado de Stop Desahucios Zaragoza.
Comunicado Stop Desahucios Zaragoza.
25 de octubre. La SAREB es nuestra, Esperanza se queda.
Esperanza es una superviviente nata. No lo ha tenido sencillo para salir adelante y sacar adelante a su familia. En el peor escenario posible, una y otra vez, ha sacado la voluntad necesaria para seguir peleando.
En 2016 tuvo que abandonar su vivienda de alquiler en Torrero ya que la propiedad la requería para su propio uso. Pese a la evidente vulnerabilidad económica de la familia (entonces tenían 426 euros de ingresos mensuales) y que el mayor de sus hijos tiene una discapacidad reconocida del 38%, no se activó protección alguna de su derecho a un techo donde vivir.
Esperanza reside desde entonces en un pequeño bloque abandonado por SAREB y en diciembre de ese mismo 2016 acudió para solicitar mediación a la Oficina Municipal de Vivienda (Zaragoza Vivienda) y encontrar una solución que le permitiera regularizar su situación, así como dotarse de la estabilidad necesaria para el adecuado desarrollo familiar.
Después de un largo proceso de mediación, SAREB se comprometió en el 2018 al realojo de la familia en una vivienda situada en el mismo barrio (Torrero). Pero pasaron los meses y la sociedad de activos no ejecutó el acuerdo. En paralelo, Jorge Azcón disolvió la Oficina de mediación de Zaragoza Vivienda y la administración competente en materia de vivienda (Gobierno de Aragón) ni preparó, ni tuvo voluntad, en asumir directamente este imprescindible servicio que había evitado cientos de desahucios en la ciudad. Es necesario recordar que este servicio de mediación era posible gracias a un convenio bilateral entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. A día de hoy ya no existe la mediación ante la pérdida de vivienda habitual en Aragón y este es uno de sus muchos resultados.
Así SAREB alzó de nuevo el procedimiento, llegando una nueva fecha de desahucio. Desde la entidad comunicaron a Esperanza que era inminente la venta del edificio.
La SAREB realiza prácticas antisociales.
El bloque, situado en calle Orense del zaragozano barrio de Torrero, ha seguido el típico esquema de degradación del edificio y el entorno con el único fin de malvender el activo. Y es necesario recordad que la SAREB es una sociedad sostenida por fondos públicos donde se han drenado (y se sigue haciendo) miles y miles de activos «tóxicos». La creación de esta sociedad conocida como el «banco malo» era la guinda del rescate financiero de la anterior crisis.
Este comportamiento con edificios abandonados y ocupados por familias vulnerables a los que las administraciones no dan respuesta, lo hemos visto una y otra vez en nuestra ciudad. En lugar de regularizar, dar la función social a las viviendas, mejorar el entorno donde se encuentran los edificios… El único interés es devolver los «activos» al mercado para que especulen los de siempre. Eso sí, los activos son saneados con dinero público.
Es intolerable que el estado participe así en el “mercado inmobiliario”, un gobierno que se pretende progresista, como el presidido por Pedro Sánchez, debería de poner fin inmediatamente a este comportamiento antisocial por parte de SAREB. Una sociedad sostenida con fondos públicos debería de tener como obligación número uno cumplir y hacer cumplir con la función social de la vivienda.
Esperanza es desahuciada por primera vez.
Esperanza en el verano de 2020 (en plena pandemia) sufrió dos intentos de desahucio. Fueron de los primeros en acontecer en Zaragoza en esa oleada de desalojos sin alternativa habitacional que sucedió al levantamiento del confinamiento. Justo después de escuchar a las personas que representan las instituciones aragonesas y españolas aquella letanía de “no dejaremos a nadie atrás”.
El primero (finales de junio de 2020) se paralizó por la movilización social, el segundo se ejecutó con una herramienta «creativa» del juzgado: decretar una horquilla de 10 días para proceder y así dificultar la solidaridad. El 7 de julio de 2020 se quedaba en la calle pese al titánico esfuerzo de cientos de personas que participaron en la primera paralización y en los turnos de permanencia.
Aquel 7 de julio (día en el que un fuerte despliegue policial desalojaba a la familia) el Gobierno de Aragón desatendía sus obligaciones legales de facilitar una alternativa habitacional (tal y como reconoce el 19.2 de la Ley aragonesa conocida como «10/16»). De hecho, Esperanza se reunió ese mismo día -junto a una delegación de Stop Desahucios Zaragoza- con la Directora General de Vivienda -Verónica Villagrasa-. No existe por tanto “un desconocimiento de situación” por parte de las administración.
Aún así, la administración aragonesa no realizó el más mínimo intento de mediación y búsqueda de soluciones, ni en ese momento, ni después. Como cuando Esperanza, junto a decenas de familias de las plataformas aragonesas, participó en la introducción por registro de la exigencia de que se aplique la normativa aragonesa vigente que garantiza la alternativa habitacional de todas las familias vulnerables. Ninguna respuesta, ni para ella, ni para el resto de familias.
El infierno y de nuevo otro desahucio.
Sin alternativa, con menores a cargo y sin apoyo por parte de Gobierno de Aragón, Esperanza no tuvo otra opción que meterse en otro piso vacío del mismo bloque. Un fracaso como sociedad, una vuelta al principio.
Pero no terminará aquí el infierno que las instituciones y poderes del estado están legitimando contra esta familia. El piso donde reside ahora ya tenía un procedimiento de desahucio contra otra familia, y el juzgado parece dispuesto a la utilización de una herramienta legal (introducida por Ciudadanos) conocida como “ocupantes desconocidos”. Esto quiere decir que se decretan desahucios sin importar quién resida realmente, si hay menores de edad o si existe vulnerabilidad. Sin duda un “choque” con el despliegue legal del llamado “escudo social”.
Además este mismo año, Endesa por petición de SAREB y con escolta policial, procedió a cortar el suministro eléctrico del bloque. Solo podemos definir estas prácticas como una política de exterminio social. Solo el apoyo y la creatividad de algunos vecinos ha conseguido devolver el suministro a la familia.
Así, sin capacidad de tutela judicial y participación en el procedimiento. Sin alternativa de ningún tipo aún cumpliendo todos los requisitos de vulnerabilidad (tanto de la norma aragonesa como del decreto estatal) el próximo lunes, 25 de octubre, Esperanza será desalojada de su vivienda.
No nos queda otra que pedir cordura y responsabilidad a las administraciones y poderes del estado. El caso de Esperanza es una sistemática vulneración de los Derechos Humanos, los derechos de la infancia y de la dignidad que merecen las personas en una sociedad que se pretende democrática.
El lunes pedimos a la ciudadanía que acuda a la calle Orense para intentar poner fin a este despropósito y reclamar una solución definitiva para la familia.