Hace exactamente un año, el 13 de enero de 2021, la movilización popular logró paralizar el desahucio de Yolanda y su familia. Tras un año, la Dirección General del Gobierno de Aragón, conocedora de su situación, ha sido incapaz de proveer una alternativa habitacional a la familia, tal y como marca el decreto antidesahucios del Gobierno (RDL 11/2020) y la propia ley aragonesa 10/2016. Por ello, se ven ante la amenaza de un nuevo desahucio para este miércoles 19 de enero de 2022.
El principal problema de esta familia es que pese a su situación de vulnerabilidad, el Gobierno de Aragón aún no ha garantizado una alternativa habitacional digna y la propiedad no ha sido flexible para evitar este desahucio en pleno invierno, pese a los grandes esfuerzos realizados por Yolanda y su familia para eliminar su deuda, aun cuando el proceso sigue adelante en todo caso. Yolanda y Amine, con dos hijos, no pudieron afrontar el alquiler porque el salario de Yolanda es insuficiente y el contexto de pandemia dificultó todavía más encontrar soluciones a la situación económica familiar.
Tras un año, ni el juzgado ha garantizado los derechos que el decreto antidesahucios protege para las familias vulnerables, ni el Gobierno de Aragón ha movido ficha para dar solución a una dramática situación de la que es plenamente consciente. Por ello exigimos una solución para Yolanda y su familia a la mayor brevedad para acabar con la angustia que tienen que soportar las personas que se enfrentan a un desahucio. Mientras esperamos que esa solución llegue, convocamos a estar en la puerta del domicilio el día del desahucio para que la movilización popular detenga de nuevo una injusticia, y haga cumplir los derechos humanos que los gobiernos y administraciones deberían garantizar.